Cruce de declaraciones en La Habana


EL GOBIERNO COLOMBIANO Y LAS FARC NEGOCIAN UN ACUERDO SOBRE NARCOTRAFICO

En el inicio de una nueva ronda de diálogo, mientras las FARC denunciaron que Estados Unidos pretende obstaculizar el acuerdo, el Ejecutivo dejó en claro que “el futuro de las fuerzas militares y policiales” no es tema de negociación.

El gobierno de Colombia y las FARC reanudaron ayer en La Habana sus diálogos de paz centrados en el punto de drogas ilícitas. El problema de los estupefacientes y el narcotráfico ocupa desde hace seis meses la agenda del proceso de paz colombiano, con sede permanente en Cuba, y desde ayer volvió a ocupar las conversaciones en su vigesimocuarto ciclo con el propósito de avanzar en la construcción de acuerdos. El diálogo llegó precedido de un comunicado de cada parte: mientras las FARC denunciaron que Estados Unidos pretende obstaculizar el acuerdo, el Ejecutivo dejó en claro que no estará en la mesa de charlas “el futuro de las fuerzas militares y policiales”.

En un texto que leyó Iván Márquez, principal negociador de la guerrilla, las FARC acusaron a Estados Unidos de obstaculizar el proceso con sus acusaciones contra dirigentes de la organización por cuyas capturas anunció recompensas. Según los rebeldes, el acuerdo al que se llegue deberá ser una solución que, de forma “soberana y con énfasis en el respeto a los derechos humanos, supere la fracasada política prohibicionista de la llamada guerra global a las drogas” lanzada por Washington hace 40 años.

“Requeriremos para ello, seguramente, del concurso de las naciones del mundo y del especial esfuerzo de nuestras comunidades afectadas para, a partir de una conferencia mundial que de manera científica y sin sesgos ideológicos aborde el problema, mancomunadamente encontremos las vías que conduzcan a la solución”, expresó el grupo en un comunicado. El texto rechaza un pronunciamiento del Departamento de Estado de Estados Unidos que ofreció una recompensa por la captura del comandante de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, y por vincular al equipo de paz de la guerrilla con el narcotráfico.

Enfatizaron que esa actitud de “presión y chantaje injerencista” afecta el proceso de paz, “descalifica” también al gobierno del presidente Juan Manuel Santos, y contradice el apoyo expresado por Barack Obama a los diálogos. Según puntualizaron, “al descalificar a la guerrilla, el Departamento de Estado descalifica al gobierno colombiano, que dialoga con la insurgencia política”. Por otra parte, cuestionado sobre la lentitud del debate sobre drogas ilícitas, Márquez aseguró que están “trabajando plenamente” y con toda la “capacidad propositiva para sacar adelante un acuerdo”.

La agenda de seis puntos pactada por las partes en 2012 abrió con los temas de tierras y desarrollo rural, y de participación política, sobre los que ya se alcanzaron acuerdos preliminares. Al debate actual sobre drogas y narcotráfico iniciado en noviembre pasado deberán seguir otros sobre el fin del conflicto, sus víctimas y, finalmente, la implementación, verificación y refrendación de lo pactado.

De cara a los futuros tópicos a tratar, las FARC insistieron en la creación de una comisión que esclarezca las causas históricas del conflicto, porque en su opinión sin ese paso no va a ser posible abordar la discusión del asunto de las víctimas. “La comisión que sugerimos no tiene implicaciones de tipo judicial, ese trabajo seguramente tendrá que desarrollarse más adelante y tal vez, como lo dice el gobierno, luego de la firma de un eventual acuerdo”, destacó Márquez, alias de Luciano Marín Arango. Mientras, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado de Colombia (Movice) exigió ayer en Bogotá esfuerzos por parte del gobierno y de las guerrillas para aclarar las responsabilidades de cada uno y revelar así la verdad de lo sucedido en medio siglo de conflicto armado.

A su vez, las FARC volvieron a mencionar la necesidad de una Constituyente que dé garantías institucionales y democráticas en Colombia y aludieron al caso del restituido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. “Los derechos políticos, como el derecho mismo a la vida, son tutelables. La tiranía del procurador y los abusos del poder no pueden –como lo pretendieron respecto del futuro de la alcaldía de Bogotá– echar por tierra este principio elemental de la convivencia ciudadana”, sostuvieron.

Aunque, como es habitual, la delegación gubernamental no hizo declaraciones, sí dio a conocer un comunicado firmado por el negociador plenipotenciario, general retirado Jorge Enrique Mora Rangel, en el que deja en claro que “el futuro de las Fuerzas Militares y de Policía no hace parte, ni hará, de los diálogos” con las FARC. “Los hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y de nuestra Policía Nacional deben estar seguros y tranquilos, en ningún momento de este año y medio que llevamos en el proceso, el tema de las Fuerzas Militares ha sido motivo de discusión en La Mesa”, expuso Mora Rangel.

Durante el receso de Semana Santa, el gobierno y las FARC ratificaron el compromiso de trabajar por un acuerdo de paz final, en declaraciones dedicadas a rendir homenaje al fallecido escritor colombiano Gabriel García Márquez. La comitiva gubernamental se presentó ayer sin el ex vicepresidente Humberto de la Calle, quien según fuentes del equipo fue sometido a una intervención quirúrgica ambulatoria y se reincorporará en los próximos días.

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