Ex funcionarios de Desarrollo Social deberán devolver $1,2 millones


 

Los costos de las capacitaciones oscilaban entre los $130.000 $270.000. Se estima que el daño al erario provincial ascendería a unos $4,2 millones.

A casi 10 años del denominado “megafraude de Desarrollo Social”, salió el dictamen del Tribunal de Cuentas (TC) por el cual se condena a devolver $1.243.725 al ex secretario de Desarrollo Social Pablo Córdoba Molas, el ex director de Politicas Juveniles Ariel Regina y el empresario Carlos Arriazu, entre otros.
En octubre del 2004, El Ancasti denunció las presuntas irregularidades en las que estaban involucrados funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social y a un grupo de empresarios, propietarios de fundaciones que tenían a su cargo la concreción de jornadas de capacitación. Durante la corta gestión de Córdoba Molas al frente de Desarrollo Social (del 10 de diciembre de 2003 hasta 18 de octubre de 2004), se financió con dinero del Estado provincial “cursos de perfeccionamiento” que no se realizaron o que se habían llevado adelante sin el número de asistentes declarados y por los que se pagaron abultadas sumas.
En la investigación pudo determinarse que hubo una marcada celeridad de expedientes para el pago de capacitaciones que iban de los $130.000 a $270.000. Y se estima que el daño causado al erario provincial ascendería a unos 4,2 millones de pesos.
Los empresarios Carlos Arriazu (Fundación Jóvenes en Progreso) y Hugo Diamante (Fundación IDEIA) eran los encargados de dictar las dudosas capacitaciones que se llevaron a cabo en Capital y algunos municipios del interior. Y también cobraban los fondos que salían de Desarrollo Social para el pago de las capacitaciones y las becas o subsidios destinados a los supuestos beneficiarios de las capacitaciones.

Multa económica
Aparte de la devolución de los $1.243.725 para los ex funcionarios y el empresario -arriba mencionados- el Tribunal de Cuentas estableció una multa económica por transgresión a disposiciones legales y reglamentarias. La multa equivale a 45 días del haber que detentaban los responsables al tiempo de la comisión de los hechos.
Los multados son: Pablo Córdoba Molas ($5.117,18), Ariel Regina (2854,89), Guillermo López ($1.165,38), Liliana del Valle Jalil de Barrera ($1.249,38), Juan Andrés Barrios ($4.476,90), Susana Beatriz de la Colina ($3677,55) y María Cristina Barros de Voget ($1.520,87).
A partir de la notificación del TC, que se realizó en la mañana de ayer, los involucrados tienen 10 días para abonar estos montos correspondientes a la mencionada multa.
Irregularidades
El dictamen también ordena informar a la Administración General de Rentas, Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Justicia Federal sobre las facturas y recibos que presentan ambas fundaciones, Jóvenes en Progreso e IDEIA, que tienen impresos los ocho primeros dígitos de una forma y siendo los cuatro restantes diferentes. Y por ser incorrecto el número de ingresos brutos denunciado en sus facturas y recibos por la Fundación IDEIA. Además, por la omisión de efectuar las retenciones correspondientes al Impuesto a las Ganancias a todos los montos percibidos por ambas fundaciones.

Primer escándalo de Brizuela

El escándalo del megafraude en Desarrollo Social, a través de las fundaciones Jóvenes en Progreso e IDEIA, fue el primer golpe que debió afrontar el entonces gobernador Eduardo Brizuela del Moral a 10 meses de haber iniciado su gestión de Gobierno.
El 18 de octubre de 2004 a través de una conferencia de prensa Brizuela deslindó responsabilidades por el megafraude, a la par que anunció la aceptación de la renuncia de Pablo Córdoba Molas como secretario de Desarrollo Social. En la oportunidad, aseguró que no estaba al tanto de las operaciones que se realizaban en el área que conducía Córdoba Molas en materia del pago de sumas millonarias a fundaciones dedicadas a tareas de capacitación.
“Conocimiento de los cursos los tenía todo Catamarca porque fueron comunicados por los medios. El conocimiento del nivel de gastos no lo puedo tener en cuenta porque tengo 70 obras por minería, 70 por municipios; no puedo tener conocimiento del gasto. Cuando tomé conocimiento del supuesto gasto y contrataciones le pedí un informe a Córdoba Molas para que me explique por qué se contrató a estas dos fundaciones y si los objetivos del curso de cumplieron”, declaró Brizuela.

A Fiscalía

 El TC también comunicó a la Fiscalía de Instrucción N°4, que lleva la causa penal, sobre la presunción de los ilícitos y la duplicación de resoluciones de Desarrollo Social (mellizas en su número).

 

Fuente:elancasti.com.ar

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