Muerte digna, nueva polémica


› FALLOS CONTRAPUESTOS ENTRE FRANCIA Y UN TRIBUNAL EUROPEO POR UN PACIENTE VEGETATIVO

El máximo órgano jurídico francés ordenó retirar la alimentación a un hombre que lleva seis años viviendo artificialmente. El pedido lo había hecho la esposa. Pero los padres se oponen y lograron que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos frenara la medida.

El Consejo de Estado francés, la mayor instancia jurídica del país, ordenó ayer retirar los cuidados paliativos a Vincent Lambert, un paciente en estado vegetativo crónico desde hace casi seis años. Los 17 magistrados anularon así un fallo judicial anterior que se oponía a la decisión de los médicos de dejar de alimentar artificialmente al paciente. El caso, que reavivó el debate sobre la muerte digna en Europa, lleva un año y medio de litigios debido a una disputa familiar entre los padres del hombre, que quieren mantenerlo con vida, y su esposa, que quiere dejarlo morir con el argumento de que esa es su voluntad. Los padres, previendo el fallo del Consejo, recurrieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en cuestión de horas dispuso suspender la medida mientras toma una decisión de fondo.

Los magistrados del Consejo de Estado consideraron legal la decisión de los médicos de retirar los cuidados paliativos a Lambert, de 38 años, incluida la alimentación y la hidratación artificial. El fallo se amparó en la Ley Leonetti sobre los “derechos de los enfermos y final de la vida”, aprobada en 2005, que autoriza el cese de los cuidados que mantengan con vida en forma antinatural a un paciente en contra de su voluntad. También proscribe el ensañamiento terapéutico.

Los jueces se apoyaron en un informe médico de tres expertos encargado por el propio Consejo, en el cual se concluye que Lambert sufre una “degeneración del estado de conciencia que corresponde ahora a un estado vegetativo, de carácter irreversible de lesiones cerebrales”. Además tuvieron en cuenta los variados testimonios que mostraban que antes del accidente que lo dejó tetrapléjico, el paciente había mostrado su rechazo a que lo mantuvieran con vida de forma artificial.

Lambert tenía 32 años cuando quedó postrado en una cama tras unaccidente de tránsito sufrido en septiembre de 2008. Sólo puede mover los ojos y siente dolor, pero los médicos no pudieron determinar si comprende cuando se le habla. Conforme a la actual ley francesa de cuidados paliativos, el equipo médico colegiado del hospital universitario de Reims, al este de Francia, tomó la determinación en abril de 2013 de no seguir manteniendo artificialmente con vida a Lambert. Sin embargo, los padres, ambos del credo católico, acudieron a la Justicia y lograron que se lo conectara nuevamente hasta una nueva decisión.

Los profesionales médicos consideran que el hombre no se recuperará y sostienen que algunos de sus comportamientos dejan entrever que rechaza seguir con vida. La misma opinión la comparten su esposa, Raichel, seis de sus hermanos y otros familiares y amigos, según los cuales, antes del accidente, Vincent había dicho que no quería ser mantenido vivo de forma artificial. Pero los padres y dos de los hermanos no comparten esa postura y rechazan que se le aplique la ley de cuidados paliativos porque no se trata de un enfermo en fase terminal. En consecuencia, al prever que el Consejo de Estado se pronunciaría en contra de sus intereses, recurrieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo para pedir la suspensión cautelar de la sentencia. Y lo lograron: anoche la Corte europea ordenó frenar la medida hasta un fallo definitivo.

El caso Lambert y la batalla familiar que lo alimentó reavivó en Francia el debate sobre la muerte digna y marcó claramente la existencia en la población de dos miradas contrapuestas sobre el final de la vida de personas en situación extrema.

A la espera de una ley que aclare la situación, prometida por el presidente François Hollande durante su campaña electoral de 2012, el caso se vio afectado por la ambigüedad que admite el actual marco jurídico de ese país. Es así como en estos seis años, cada vez que los médicos relanzaron el procedimiento de fin de vida, los padres recibieron el respaldo de los tribunales.

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